¿ES RECOMENDABLE LEGALIZAR LA PENA DE MUERTE?
A través de la historia del Derecho Penal mexicano han existido posiciones encontradas respecto a la pena de muerte. Los argumentos a favor han sido siempre el que la privación de la libertad no es una pena ejemplar, y que al contrario, la manutención penitenciaria representa un alto costo para la sociedad además de que representa un peligro eminente de que el delincuente escape y vuelva a delinquir. A nuestro considerar, no se requieren luces intelectuales extraordinarias para rebatir los argumentos anteriores. En primer lugar, hay que apuntar que no es posible comparar el efecto intimatorio de la pena de muerte con el de la privación de la libertad por una muy sencilla razón: el mundo, e incluso en un mismo país, como sucede en los Estados Unidos, coexiste legislaciones donde hay pena de muerte con otras en que tal pena se ha abolido, lo cual no ocurre con la pena de prisión. En los Estado Unidos, 37 de los 50 Estados admiten la pena capital por homicidio calificado. Sin embargo, allí no se ha reducido el número de estos delitos en comparación con el resto de las entidades de la Unión Americana. En Europa, la pena de muerte se he venido aboliendo y, en estos momentos, una buena cantidad de países ya no la tienen. Si comparamos lo que pasaba con la criminalidad antes y después de al abolición podemos advertir claramente que no ha crecido, los resultados son los mismos en todas partes. En cambio, la pena privativa de libertad esta prevista y se aplica en todo el mundo. En segundo lugar, si la criminalidad grave no es menor allí donde hay pena de muerte no puede afirmarse que tal pena sirve de ejemplo, desde luego, el hecho de que haya cárceles no es para celebrarse. La cárcel, por supuesto, es un mal necesario para la sociedad y por ello, la pena privativa de libertad debe reservarse para las conductas gravemente antisociales. Pero es un mal muy menor si se le compara con la pena de muerte o con otras tales como el suplicio y la mutilación. Ciertamente, hay delitos monstruosos, pero en un Estado democrático nunca puede ponerse a la altura de quienes los cometen, si lo hace, esta respondiendo al crimen con el crimen.
A través de la historia del Derecho Penal mexicano han existido posiciones encontradas respecto a la pena de muerte. Los argumentos a favor han sido siempre el que la privación de la libertad no es una pena ejemplar, y que al contrario, la manutención penitenciaria representa un alto costo para la sociedad además de que representa un peligro eminente de que el delincuente escape y vuelva a delinquir. A nuestro considerar, no se requieren luces intelectuales extraordinarias para rebatir los argumentos anteriores. En primer lugar, hay que apuntar que no es posible comparar el efecto intimatorio de la pena de muerte con el de la privación de la libertad por una muy sencilla razón: el mundo, e incluso en un mismo país, como sucede en los Estados Unidos, coexiste legislaciones donde hay pena de muerte con otras en que tal pena se ha abolido, lo cual no ocurre con la pena de prisión. En los Estado Unidos, 37 de los 50 Estados admiten la pena capital por homicidio calificado. Sin embargo, allí no se ha reducido el número de estos delitos en comparación con el resto de las entidades de la Unión Americana. En Europa, la pena de muerte se he venido aboliendo y, en estos momentos, una buena cantidad de países ya no la tienen. Si comparamos lo que pasaba con la criminalidad antes y después de al abolición podemos advertir claramente que no ha crecido, los resultados son los mismos en todas partes. En cambio, la pena privativa de libertad esta prevista y se aplica en todo el mundo. En segundo lugar, si la criminalidad grave no es menor allí donde hay pena de muerte no puede afirmarse que tal pena sirve de ejemplo, desde luego, el hecho de que haya cárceles no es para celebrarse. La cárcel, por supuesto, es un mal necesario para la sociedad y por ello, la pena privativa de libertad debe reservarse para las conductas gravemente antisociales. Pero es un mal muy menor si se le compara con la pena de muerte o con otras tales como el suplicio y la mutilación. Ciertamente, hay delitos monstruosos, pero en un Estado democrático nunca puede ponerse a la altura de quienes los cometen, si lo hace, esta respondiendo al crimen con el crimen.
Son consideraciones humanitarias y civilizadoras principalmente las que nos han de llevar a un rechazo total de la pena de muerte; si fuera legitimo matar también lo sería torturar o mutilar. Dado que la vida es el bien de más alta jerarquía, si al Estado se le autorizara castigar privando de ella, todo lo estaría autorizado.
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